En 2022, el gobierno de Reino Unido, a través de su primer ministro Boris Johnson, reveló su clara intención de liberarse progresivamente del marco legislativo europeo en materia financiera, proponiendo un nuevo conjunto de medidas más flexibles. ¿Cuáles son las perspectivas para el Reino Unido y la UE?
Este anuncio llega en un momento paradójico, porque aunque el sector financiero representa más del 10% de los ingresos fiscales del Reino Unido y más de un millón de empleados, es el que ha quedado fuera del acuerdo de comercio y cooperación negociado entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido. Además, el Memorándum de Entendimiento sobre servicios financieros, celebrado en marzo de 2021 entre ambas partes, apenas aporta más información que un acuerdo marco -que no ha sido ratificado formalmente ni ha entrado en vigor- y algunas medidas de equivalencia1.
Éste "no deal" para el sector financiero da, por tanto, un margen de maniobra a Reino Unido para adaptar, flexibilizar o incluso suprimir un cierto número de normas europeas que pesan sobre los agentes financieros del otro lado del Canal: ¿ventajas o limitaciones?
ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD, LAS DOS CONSIGNAS DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DEL REINO UNIDO
Para el Reino Unido, la conclusión es clara, como explica Pat Sharman, director general de CACEIS UK: "Frente a la normativa europea, la legislación nacional podría ofrecer más flexibilidad al sector de los servicios financieros del Reino Unido. En resumen, creo que se trata de un equilibrio muy cuidadoso. Aunque hay que centrarse en mantener la competitividad de nuestro sector de servicios financieros tras el Brexit, creo que sigue siendo clave un elemento de normalización. Esto se hará más evidente a medida que aumente la atención a los riesgos ESG y climáticos."
El Gobierno del Reino Unido, en su afán por adaptar la regulación financiera, ha tomado medidas que tienen implicaciones prácticas para el sector financiero.
Ya se han tomado decisiones como la supresión de una serie de requisitos de información reglamentaria - RTS 27 y RTS 28 bajo MiFID II - el 1 de Diciembre de 2021. Esto demuestra el deseo del Reino Unido de distinguirse de las normas europeas. Pat Sharman confirma: "Es probable que el Reino Unido siga por este camino para dar una ventaja competitiva importante a las empresas que se instalen en el país. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre la desvinculación de la normativa de la UE cuidadosamente porque un buen acceso a los mercados europeos sigue siendo primordial para las gestoras de activos con sede en el Reino Unido".
El deseo de flexibilizar algunos reglamentos para acelerar su aplicación sin duda, da a Reino Unido una ventaja en el aparato europeo de la toma de decisiones.
Así, la ambición de ser "el líder mundial de las finanzas verdes" expresada por Boris Johnson y repetida por el Ministro de Hacienda Rishi Sunak ante el Parlamento y los líderes del sector bancario en materia de política ESG, podría constituir una oportunidad de primer orden. Dada la complejidad de la legislación de la UE y la relativa lentitud en la aplicación de las normas comunitarias, la City podría conseguir posicionarse como líder mundial. "Si, por ejemplo, el Reino Unido decide apoyar el trabajo del ISSB (Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad)para imponer una norma anglosajona en materia de ESG, esto podría obstaculizar la aparición de una norma europea exigente elaborada hoy por el EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)" dice Eliane Méziani, Senior Advisor de Public Affairs de CACEIS.
LA EMANCIPACIÓN TOTAL DE LA NORMATIVA EUROPEA ES UN RETO
Aunque alejarse de la regulación de la UE puede hacer que el sector financiero británico sea más ágil y competitivo, también puede llevar a una asincronía regulatoria, que sería perjudicial para el Reino Unido.
En activos digitales
En el ámbito de las criptomonedas o activos digitales, que es un mercado vasto y complejo de entender en su totalidad, "la UE podría ser una fuerza a tener en cuenta", dice Eliane Méziani. Ir en solitario en este ámbito, mientras el Reino Unido se ha quedado atrás con respecto a la normativa europea y, en particular, francesa, podría ser una apuesta arriesgada. "El mercado es difícil de regular por un solo Estado. Es probable que los británicos intenten seguir los pasos de la Comisión, como parece desprenderse del discurso del Secretario de Estado del Tesoro británico, John Glen, y avanzar hacia una forma de equivalencia con las leyes europeas (en particular, mediante el establecimiento de consultas públicas, cajas de arena, etc.)," comments Eliane Méziani.
En cuanto a la protección de datos personales (GDPR)
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que establece las normas extraterritoriales que rigen el mayor mercado de datos del mundo, es un asunto especialmente delicado. Sería peligroso para el gobierno británico perder la equivalencia con sus antiguos socios europeos, como está experimentando ahora Estados Unidos desde la invalidación del "Escudo de Privacidad" en 2020 y del "puerto seguro" en 2015. El Gobierno estadounidense también está negociando a buen ritmo las futuras equivalencias. Hay que recordar que el mercado europeo representaba más de 440.000 millones de dólares en 2020.
En el segundo semestre de 2021, el Ayuntamiento realizó la consulta pertinente para evaluar el conjunto del GDPR. "Un ejercicio en el que quizás deberíamos inspirarnos," comenta Eliane Méziani, sobre la observación de los límites del GDPR en vista de su incompatibilidad con otras directivas europeas”. Por ejemplo, el problema de las limitaciones del GDPR que pesan sobre una entidad bancaria cuando tiene que responder a una solicitud de identificación de los accionistas en el marco de la Directiva sobre Accionistas (SRD2) o la cuestión de la articulación con el futuro reglamento sobre inteligencia artificial, que probablemente utilizará datos personales.
Aplicación del Reglamento sobre los PRIIP
El proceso de simplificación que pretende el Reino Unido para los productores y distribuidores británicos -que inicialmente consiste en una prórroga de la exención de los OICVM hasta el 31 de diciembre de 2026- plantea dudas sobre la validez de este hipotético avance. Los agentes financieros británicos tendrán que mantener dos canales de producción si se enfrentan a inversores europeos, lo que supondrá una fuente de costes humanos y técnicos adicionales.
Hay que seguir de cerca la próxima revisión de los PRIIP en Europa para comparar las diferencias con los KID del Reino Unido.
Disciplina de liquidación en el marco del CSDR
El aplazamiento del"buy-in"2 La cuestión se sigue de cerca al otro lado del Canal. En efecto, el rechazo a la aplicación de la disciplina de liquidación de la CSDR puede repercutir en la normativa europea o dejarla en entredicho. La revisión europea de este texto está aún por llegar y la Comisión todavía no ha publicado su propuesta. Podría marcar el regreso del régimen de compra o enterrarlo.
¿Veremos una verdadera divergencia entre las próximas decisiones del gobierno británico y la regulación financiera europea? Probablemente, el tiempo lo dirá pronto. Sean cuales sean los avances normativos de una u otra parte, los mercados seguirán estando conectados y siendo interdependientes y tendrán que cumplirlos.